Impugnar un acuerdo de la junta: por qué la mayoría manda, pero no puede hacer cualquier cosa
En una sociedad decide la mayoría. ¿Qué puede hacer el socio que pierde la votación cuando cree que el acuerdo es ilegal o abusivo, quién puede impugnarlo, en qué plazo y qué defectos no bastan para anularlo?
- La impugnación es el freno al principio mayoritario: permite pedir al juez que anule un acuerdo ilegal, contrario a los estatutos o lesivo del interés social (art. 204.1 LSC).
- Para impugnar hay que ser socio antes del acuerdo y reunir el 1 % del capital, y la acción caduca al año (tres meses en cotizadas).
- Impugnar no suspende el acuerdo ni basta cualquier fallo: hace falta una medida cautelar para pararlo, y los defectos formales menores o los votos no determinantes no lo anulan.
La teoría
El problema: el principio mayoritario necesita un freno
Una sociedad de capital no podría funcionar si cada decisión exigiera unanimidad, así que la ley hace que la voluntad de la mayoría obligue a todos, también a los ausentes y a los que votaron en contra (art. 159 LSC). Ese poder tiene un riesgo evidente: quien controla el 51 % puede usar la junta para beneficiarse a costa del resto. La impugnación es el contrapeso: permite pedir a un juez que anule un acuerdo cuando es contrario a la ley, a los estatutos o al reglamento de la junta, o cuando lesiona el interés social en beneficio de uno o varios socios o de terceros (art. 204.1 LSC). Desde la reforma de la Ley 31/2014, el artículo añade un supuesto pensado para los minoritarios: también hay lesión del interés social cuando la mayoría impone el acuerdo de forma abusiva, es decir, sin que responda a una necesidad razonable de la sociedad, en su propio interés y en perjuicio injustificado de los demás socios, aunque el patrimonio social no sufra daño.
Un solo régimen de anulación, con plazos cortos
Hasta 2014 había dos categorías: acuerdos nulos (contrarios a la ley), impugnables en un año, y anulables (contrarios a estatutos o al interés social), en solo cuarenta días. La Ley 31/2014 las unificó: hoy toda acción de impugnación caduca al año (art. 205.1 LSC), contado desde la adopción del acuerdo en junta o, si se inscribió, desde que la inscripción es oponible, es decir, desde su publicación en el BORME (art. 205.2). En las cotizadas el plazo baja a tres meses, porque el mercado necesita saber pronto si una decisión es firme (art. 495.2.c). La única excepción son los acuerdos contrarios al orden público por su causa, contenido o circunstancias: esa acción no caduca ni prescribe. El efecto práctico es importante: pasado el plazo, un acuerdo ilegal pero no contrario al orden público queda inatacable, y la seguridad del tráfico se impone a la legalidad del caso concreto.
Quién puede impugnar y qué defectos no bastan
Para evitar demandas oportunistas de quien compra una acción para presionar, la ley exige a los socios haber adquirido esa condición antes del acuerdo y representar, solos o agrupados, al menos el 1 % del capital (0,1 % en cotizadas); también pueden impugnar los administradores y los terceros con interés legítimo (arts. 206.1 y 495.2.b LSC). Los estatutos pueden bajar el umbral, y el socio que no llega conserva el derecho a que le indemnicen el daño. Contra acuerdos contrarios al orden público puede demandar cualquier socio, aunque entrara después (art. 206.2). Además, el art. 204.3 cierra la puerta a los defectos menores: no se anula un acuerdo por un vicio meramente procedimental, salvo que afecte a la forma y plazo de la convocatoria, a las reglas esenciales de constitución, a las mayorías u otro relevante; ni por una información insuficiente que no fuera esencial para el socio medio; ni por la asistencia de quien no debía estar o por votos inválidos o mal contados, salvo que fueran determinantes. Es la llamada «prueba de resistencia»: si, quitando el voto viciado, la mayoría se mantiene, el acuerdo resiste. Y quien pudo denunciar un defecto de forma en la junta y calló no puede alegarlo después (art. 206.5).
El proceso: impugnar no suspende, y el conflicto de interés invierte la carga de la prueba
La demanda se dirige contra la sociedad y se tramita por juicio ordinario (arts. 206.3 y 207.1 LSC). Presentarla no paraliza el acuerdo: para suspenderlo hay que pedir una medida cautelar, que solo pueden solicitar quienes representen al menos el 1 % del capital en sociedades con valores cotizados o el 5 % en las demás (art. 727.10.ª LEC). Si el defecto puede corregirse, el juez puede dar a la sociedad un plazo para subsanarlo (art. 207.2), y si la junta revoca o sustituye el acuerdo antes de la demanda, la impugnación ya no procede (art. 204.2). Un matiz decisivo para el minoritario: cuando el voto de un socio en conflicto de interés ha sido decisivo, en general es la sociedad (y ese socio) quien debe probar que el acuerdo respeta el interés social; al impugnante solo le toca acreditar el conflicto (art. 190.3). Si gana, la sentencia firme que anula un acuerdo inscribible se inscribe en el Registro Mercantil y cancela los asientos contradictorios (art. 208).
Talleres Arga, S.L., inscrita hace diez años, tiene tres socios: Ana (60 %), que además es administradora única y cobra un sueldo aprobado cada año por la junta; Bruno (30 %) y Carmen (10 %). La empresa gana dinero todos los años, pero la junta, con el voto de Ana, lleva cinco ejercicios llevando todo el beneficio a reservas. No hay deuda relevante ni un plan de inversión que explique la retención: la caja acumulada supera los 2,4 millones.
El 20 de junio de 2026 Ana convoca la junta ordinaria para el 30 de junio, con diez días de antelación. En ella vuelve a aprobar, con su 60 %, destinar a reservas los 800.000 euros de beneficio de 2025 y subir su sueldo a 300.000 euros. Bruno asiste y hace constar en acta su protesta por la convocatoria y por la falta de dividendo; Carmen no acude.
¿Qué puede hacer Bruno? Primero, impugnar por defecto de convocatoria: en una S.L. deben mediar al menos quince días (art. 176.1 LSC) y el plazo de la convocatoria es uno de los vicios que el art. 204.3.a) sí considera relevantes; como protestó en la junta, el art. 206.5 no le cierra la puerta. Segundo, impugnar el acuerdo de reparto por abuso de la mayoría (art. 204.1): la retención no responde a ninguna necesidad razonable de la sociedad y Ana obtiene su parte del valor por la vía del sueldo, mientras los minoritarios no reciben nada. Tiene legitimación (30 %, muy por encima del 1 %) y un año de plazo, hasta el 30 de junio de 2027. Con su 30 % podría además pedir la suspensión cautelar, porque supera el 5 % que exige la LEC en sociedades no cotizadas.
Hay una tercera vía que no anula nada: separarse. Como han pasado más de cinco ejercicios desde la inscripción, hubo beneficios en los tres anteriores, la junta no repartió ni el 25 % del beneficio de 2025 (200.000 euros) y en cinco años el reparto total fue cero, Bruno, que protestó en acta, puede ejercer el derecho de separación del art. 348 bis en el mes siguiente a la junta y cobrar el valor de sus participaciones. El propio artículo deja a salvo la impugnación.
| Ejercicio | Beneficio distribuible | Dividendo | Sueldo de Ana |
|---|---|---|---|
| 2021 | 500.000 € | 0 € | 120.000 € |
| 2022 | 550.000 € | 0 € | 120.000 € |
| 2023 | 600.000 € | 0 € | 150.000 € |
| 2024 | 700.000 € | 0 € | 200.000 € |
| 2025 | 800.000 € | 0 € | 300.000 € (acuerdo de 2026) |
| Total | 3.150.000 € | 0 € | 890.000 € |
El defecto de convocatoria es el argumento más fácil de probar, pero también el más débil: la sociedad puede repetir la junta bien convocada y volver a aprobar lo mismo. El abuso de mayoría ataca el fondo, pero exige convencer al juez de que no había ninguna razón empresarial para retener la caja. Por eso el minoritario suele combinar las dos vías con la amenaza de la separación del 348 bis, que es la salida más mecánica: o la sociedad reparte, o le paga sus participaciones.
Ideas clave
- Son impugnables los acuerdos contrarios a la ley, a los estatutos o al reglamento de la junta, y los que lesionan el interés social, incluido el abuso de la mayoría (art. 204.1 LSC).
- Desde 2014 ya no se distingue entre nulos y anulables: un año de caducidad para todo (tres meses en cotizadas), salvo los acuerdos contrarios al orden público, que no caducan.
- Para impugnar, el socio debe serlo antes del acuerdo y reunir el 1 % del capital (0,1 % en cotizadas); quien no llega solo puede pedir indemnización.
- Los defectos formales menores no anulan; los votos viciados solo importan si fueron determinantes (prueba de resistencia).
- Impugnar no suspende el acuerdo: hace falta una medida cautelar, reservada al 5 % del capital (1 % si la sociedad tiene valores cotizados).
- Si el voto de un socio en conflicto fue decisivo, la sociedad tiene que probar que el acuerdo respeta el interés social (art. 190.3 LSC).
Errores frecuentesPensar que cualquier fallo en la junta permite anular el acuerdo: el art. 204.3 excluye los vicios procedimentales irrelevantes y los votos que no cambian el resultado. Seguir hablando de «40 días para los anulables»: ese plazo desapareció con la Ley 31/2014; hoy rige un año para todos los acuerdos (tres meses en cotizadas). Creer que presentar la demanda deja el acuerdo en suspenso: sigue siendo eficaz hasta que un juez adopte una medida cautelar o dicte sentencia.
Dónde está en la ley
- Ley de Sociedades de Capital, arts. 204 a 208: acuerdos impugnables, caducidad, legitimación, procedimiento y sentencia
- Ley de Sociedades de Capital, art. 190: conflicto de intereses del socio y carga de la prueba en la impugnación
- Ley de Sociedades de Capital, art. 251: impugnación de acuerdos del consejo de administración (30 días)
- Ley de Sociedades de Capital, art. 495.2: en cotizadas, umbral del 0,1 % y caducidad de tres meses
- Ley de Sociedades de Capital, art. 348 bis: derecho de separación por falta de dividendos
- Ley de Enjuiciamiento Civil, art. 727.10.ª: suspensión cautelar de acuerdos sociales impugnados
Lucía tiene el 0,5 % de una sociedad anónima no cotizada cuyos estatutos no dicen nada sobre impugnación. Hace ocho meses la junta aprobó un acuerdo convocándose con solo quince días de antelación. Lucía era accionista entonces y quiere que se anule. ¿Qué puede hacer?
- Impugnarlo: todavía está dentro del plazo de un año y el defecto de convocatoria es relevante.
- No puede impugnarlo porque no alcanza el 1 % del capital, salvo que se agrupe con otros socios hasta llegar a él; por sí sola, solo puede reclamar que la indemnicen por el daño.
- Solo puede impugnarlo si demuestra que el acuerdo es contrario al orden público, porque el plazo para los defectos de forma era de cuarenta días.
Ver la respuesta
Correcta: 2. El defecto es real (en la S.A. deben mediar al menos un mes entre convocatoria y junta, art. 176.1 LSC) y relevante (art. 204.3.a), y el plazo de un año no ha pasado (art. 205.1). Pero el art. 206.1 exige a los socios el 1 % del capital, individual o conjuntamente, y los estatutos no lo han rebajado. Lucía puede buscar otros accionistas hasta sumar ese 1 %; si no, le queda el resarcimiento del daño. La tercera opción usa el régimen anterior a 2014 y confunde la regla: el orden público amplía la legitimación y elimina el plazo, pero aquí no se discute nada de eso.
Conecta con la actualidadLa junta de Aedas aprobó el 17 de noviembre su exclusión de bolsa con el 98 % de Neinor. Como Aedas cotiza, un minoritario que considerase el acuerdo contrario a la ley o abusivo tendría solo tres meses para impugnarlo y necesitaría reunir, solo o con otros, el 0,1 % del capital (unas 43.700 acciones, cálculo propio sobre el capital implícito en el 98,15 % de Neinor). La ley pone además una protección específica en estas operaciones: la OPA de exclusión a precio justificado ante la CNMV. Leer la noticia →