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Regulación

Bruselas vuelve a por Temu: tras multarla por evaluar mal el riesgo, ahora concluye de forma preliminar que no frena los productos ilegales

5 min de lectura · 7 fuentes · UE

Redacción Ley y Capital. Texto elaborado con IA y publicado sin revisión humana previa, tras controles automáticos. Editor responsable: Guillermo García Parra. Cómo trabajamos

La Comisión Europea considera, de forma preliminar, que Temu incumple el artículo 35 de la Ley de Servicios Digitales porque sus controles, su moderación y sus sanciones a vendedores no bastan para frenar la venta de productos ilegales e inseguros. No es una multa: Temu puede defenderse y, si la Comisión confirma su postura, la sanción podría llegar al 6 % de la facturación mundial. Es el segundo frente contra la plataforma en seis meses, después de la multa de 200 millones de mayo.

Contexto

La Ley de Servicios Digitales (Reglamento (UE) 2022/2065) impone a las grandes plataformas un deber en dos tiempos: primero, identificar y evaluar los riesgos sistémicos de su servicio (artículo 34); después, mitigarlos con medidas eficaces (artículo 35). Temu fue designada plataforma de muy gran tamaño en mayo de 2024 y en octubre de ese año la Comisión abrió un procedimiento formal. En julio de 2025 llegaron unas primeras conclusiones preliminares sobre la evaluación de riesgos, apoyadas en un ejercicio de compra encubierta que encontró juguetes para bebés y cargadores que no superaban pruebas básicas de seguridad. Ese frente terminó el 28 de mayo de 2026 con una multa de 200 millones y la obligación de presentar un plan de acción, que Bruselas aprobó en octubre. Las conclusiones de hoy no repiten aquel caso: no reprochan que Temu midiera mal el riesgo, sino que, una vez conocido, no hace lo suficiente para reducirlo.

Por qué importaLa distinción entre los artículos 34 y 35 es la clave. Una multa por evaluar mal el riesgo se corrige con un informe mejor; una infracción del deber de mitigar obliga a cambiar cómo funciona el negocio: más ensayos de producto, más moderadores, sanciones al vendedor y no a la tienda. Eso cuesta dinero y frena el crecimiento del catálogo, que es justo la ventaja competitiva de un mercado basado en miles de vendedores que envían directamente desde China. El mecanismo de la sanción por tiendas lo ilustra: si cerrar una tienda no impide al mismo comerciante seguir vendiendo por otra, la sanción apenas disuade. Además, la Comisión va construyendo un expediente escalonado: si confirma esta segunda infracción, la empresa ya no será una primera infractora, y la DSA permite tener en cuenta la reiteración al fijar la multa y, si no corrige, imponer multas coercitivas diarias. El caso coincide con el fin de la franquicia aduanera de 150 euros (1 de julio de 2026), de modo que las plataformas extracomunitarias reciben presión por dos vías: el arancel y la responsabilidad sobre lo que venden.

Qué significa para…

Empresas

Los comercios europeos que compiten con Temu ganan un argumento: según la Comisión, de forma preliminar, la plataforma no controla suficientemente la seguridad de lo que vende. Para cualquier marketplace, el mensaje es que no basta con tener un procedimiento sobre el papel: la Comisión mira si los controles crecen al ritmo del catálogo y si las sanciones llegan al vendedor real.

Consumidores

Nada cambia de inmediato en la aplicación. Lo relevante es que la Comisión sostiene, de forma preliminar y tras una primera multa, que el riesgo de encontrar productos inseguros en Temu es real, sobre todo en juguetes, electrónica y cosméticos. Comprar allí sigue siendo legal; conviene revisar marcado CE, vendedor y reseñas.

Juristas

Es un buen caso para estudiar el procedimiento de la DSA: conclusiones preliminares, acceso al expediente y alegaciones por escrito, consulta al Consejo Europeo de Servicios Digitales y, en su caso, decisión de incumplimiento (art. 73) recurrible ante el Tribunal General. También muestra cómo se separan en la práctica las obligaciones de los artículos 34 y 35.

Análisis crítico

Bruselas ya no discute si Temu conoce el riesgo, sino si hace algo con él; lo que falta es que la respuesta llegue a tiempo y con una multa que se note.

Mirada financiera

La multa de mayo, 200 millones, es pequeña para un grupo del tamaño de PDD Holdings y lejos del techo del 6 %, lo que cuestiona su efecto disuasorio; el coste real para Temu está en las medidas que se le exijan, porque más controles y moderadores encarecen el modelo de bajo precio. La reiteración cambia el cálculo: una segunda decisión justificaría una multa mayor. Para el comercio europeo la noticia es buena, pero las cifras de empleo en riesgo que circulan hoy son estimaciones de una patronal interesada y no miden el efecto de la DSA. Quien más pierde, si Bruselas llega al final, es el vendedor de bajo coste que hoy opera con varias tiendas a la vez.

Mirada jurídica

La base legal es sólida: el artículo 35 obliga a medidas eficaces y la Comisión concreta tres fallos verificables, no un reproche genérico. El punto débil es la indeterminación de qué es una medida razonable y proporcionada: Temu discutirá cuántos ensayos o moderadores son suficientes, y ahí la Comisión necesitará datos, que en la nota no publica (no hay porcentajes ni recuentos). Todo es preliminar: hasta que haya decisión de incumplimiento no hay infracción declarada, y esa decisión podrá recurrirse ante el Tribunal General. Llama la atención que el plan de acción aprobado en octubre no haya evitado un segundo expediente, lo que sugiere que Bruselas separa estrictamente evaluar y mitigar.

Mirada ciudadana

Si la Comisión confirma sus conclusiones preliminares, el precio bajo de Temu tendría una parte que no se ve: menos controles sobre lo que llega a casa. La pregunta incómoda es por qué, más de dos años después de abrir el procedimiento, la Comisión sigue en fase preliminar en este punto mientras los productos se siguen vendiendo. Para el bolsillo, el cambio real de este año fue el fin de la franquicia de 150 euros, no esta acusación.

Valoración propia, separada de la información. No es asesoramiento jurídico ni de inversión.

AprendeConclusiones preliminares y derecho de defensa en la DSA

Las conclusiones preliminares son el pliego de cargos de la Ley de Servicios Digitales: la Comisión expone por escrito qué infracción cree ver y en qué pruebas se apoya, pero todavía no sanciona. Su función es garantizar el derecho de defensa (art. 79 DSA): la empresa puede consultar el expediente y responder por escrito antes de que se decida nada, porque nadie puede ser sancionado por hechos sobre los que no ha podido alegar. Después se consulta al Consejo Europeo de Servicios Digitales y, solo si la Comisión mantiene su postura, adopta una decisión de incumplimiento (art. 73) con multa de hasta el 6 % de la facturación mundial (art. 74). Ejemplo hipotético: una plataforma que facture 10.000 millones de euros arriesga como máximo 600 millones; si no corrige, puede sumarse una multa coercitiva (art. 76 DSA) de hasta el 5 % de su facturación media diaria (unos 1,4 millones al día) por cada día de retraso. Por eso es incorrecto decir que Temu 'ha sido condenada' hoy: ha sido acusada, y la decisión puede no llegar o llegar suavizada.

Qué vigilarAlegaciones escritas de Temu y dictamen del Consejo Europeo de Servicios Digitales (sin plazo público); posible decisión de incumplimiento por el artículo 35; ejecución del plan de acción aprobado en octubre de 2026; las otras líneas del procedimiento abierto en octubre de 2024 (diseño adictivo, sistemas de recomendación, acceso de investigadores a datos); 1 de julio de 2028, fin del derecho fijo transitorio de 3 euros por línea de declaración en envíos de bajo valor.

La ficha: todas las cifras
  • 17 de noviembre de 2026: la Comisión comunica sus conclusiones preliminares contra Temu (nota de prensa IP/26/2463) por incumplir el artículo 35 de la DSA, que obliga a adoptar medidas razonables, proporcionadas y eficaces para mitigar riesgos sistémicos.
  • Primera deficiencia, según la Comisión: Temu solo exige informes de ensayo para una parte muy pequeña de los productos, a menudo no los comprueba y no prioriza en sus inspecciones físicas las categorías que ella misma califica de alto riesgo (juguetes, electrónica, cosméticos).
  • Segunda: la moderación se centra en la información del anuncio y en las condiciones de la plataforma, no en la seguridad del producto, y el número de moderadores humanos no ha crecido al ritmo de los anuncios.
  • Tercera: las sanciones se aplican a cada tienda y no al comerciante, que puede seguir vendiendo por otras tiendas, y se pueden acumular muchas infracciones graves antes de una suspensión.
  • 28 de mayo de 2026: la Comisión ya multó a Temu con 200 millones de euros por no evaluar con diligencia los riesgos de productos ilegales (deber que regula el art. 34 DSA); cerró así las conclusiones preliminares de julio de 2025 (IP/26/1178).
  • Octubre de 2026: la Comisión aprobó el plan de acción de Temu para corregir esa primera infracción, presentado en virtud del artículo 75 de la DSA.
  • Multa máxima si se confirma la nueva infracción: 6 % de la facturación anual mundial del proveedor (art. 74 DSA). Temu, de PDD Holdings, está designada plataforma de muy gran tamaño desde mayo de 2024.
  • El procedimiento formal se abrió el 31 de octubre de 2024 y abarca también el diseño potencialmente adictivo, los sistemas de recomendación y el acceso de investigadores a datos, puntos que siguen sin resolver.
Cómo lo hemos verificado

Las conclusiones, los tres fallos y el artículo 35 constan en la nota oficial de la Comisión (IP/26/2463) y los recogen Il Sole 24 Ore y PPC Land, que se basan en la misma nota; la multa de mayo y el plan de acción figuran en las notas IP/26/1178 e IP/26/2463. Que Temu haya infringido la DSA es, por ahora, la valoración preliminar de la Comisión, no un hecho declarado. Según un portavoz citado por Reuters, Temu no comparte las conclusiones preliminares, responderá formalmente a la Comisión y confía en una resolución amistosa del asunto. Las cifras de Anged (56.200 empleos en riesgo en España) son estimaciones de la patronal, elaboradas con AEI, sin verificación independiente.

Fuentes

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