Bruselas convierte la ley de prácticas desleales en un reglamento: fuera los patrones oscuros, las cajas de botín para menores y las bajas imposibles
Redacción Ley y Capital. Texto elaborado con IA y publicado sin revisión humana previa, tras controles automáticos. Editor responsable: Guillermo García Parra. Cómo trabajamos
La Comisión Europea ha presentado la Digital Fairness Act (Ley de Equidad Digital), un reglamento de 40 artículos que deroga la Directiva 2005/29 de prácticas comerciales desleales y añade reglas específicas para el entorno digital: diseño manipulador, diseño adictivo, suscripciones, precios personalizados, influencers y monedas virtuales. Llega en un paquete con una reforma de la cooperación entre autoridades de consumo que permitiría a Bruselas multar directamente hasta el 6% de la facturación mundial en los casos más grandes.

Contexto
La Directiva de prácticas comerciales desleales es de 2005, anterior a los smartphones y a las tiendas de aplicaciones. Desde entonces se ha parcheado (la Directiva Ómnibus de 2019 y la de transición ecológica de 2024) y la Comisión publicó en 2021 una guía interpretativa, no vinculante, para encajar en ella los problemas digitales. En octubre de 2024 la Comisión cerró el «fitness check» de Derecho de consumo digital, que revisó tres directivas (2005/29 de prácticas desleales, 2011/83 de derechos de los consumidores y 93/13 de cláusulas abusivas) y concluyó que seguían siendo útiles pero no frenaban bien varias prácticas online dañinas. De ahí salieron la Agenda del Consumidor 2030 (noviembre de 2025), una consulta pública y esta propuesta, que el Parlamento Europeo venía pidiendo en resoluciones sobre diseño adictivo (2023) y protección de menores online (2025). Un estudio de la propia Comisión de 2022 detectó patrones oscuros en el 97% de las webs y apps más populares (citado por BEUC). El paquete se completa con una directiva de simplificación que modifica la Directiva 2011/83 y la 2002/58, y se coordina con la EU KIDS Act, propuesta poco antes para la seguridad de los menores online.
Por qué importaEl cambio de fondo no es tanto la lista de prohibiciones como el instrumento. Una directiva obliga a cada Estado a trasladarla a su ley, y eso produce 27 versiones con matices distintos: una tienda online que vende en diez países tiene que estudiar diez normas y una autoridad nacional no puede actuar sola contra una plataforma de otro país. Un reglamento se aplica igual y a la vez en toda la UE, lo que tiene dos efectos. Para las empresas, una sola regla y menos asesoramiento país por país, que es el argumento de simplificación de la Comisión. Para la aplicación, es la condición jurídica que permite a Bruselas investigar y multar directamente, porque solo puede hacer cumplir una norma que sea idéntica en todos los Estados. Además, convertir en lista negra prácticas que hoy hay que analizar caso a caso (el falso «solo quedan 2», la casilla premarcada, la baja escondida) invierte la carga: la autoridad ya no tiene que demostrar que esa práctica concreta distorsionó la decisión de un consumidor medio, basta con probar que se usó. Menos coste probatorio significa más sanciones posibles, y eso cambia el cálculo económico de quien hoy rentabiliza estas técnicas.
Qué significa para…
Las tiendas online, apps y plataformas españolas tendrán que revisar diseño de interfaz, flujos de alta y baja, avisos de renovación, uso de perfiles para fijar precios o anuncios y, en videojuegos, monedas virtuales y cajas de botín. Si se aprueba como está, el plazo sería de 12 meses desde la entrada en vigor, y las multas nacionales mínimas subirían de forma relevante.
Botón de baja visible, aviso antes de que una prueba gratis pase a ser de pago o de que se renueve una suscripción, precio total desde el principio, poder desactivar el autoplay y las notificaciones y derecho a hablar con una persona en la atención al cliente cuando los demás canales no funcionen.
Al ser un reglamento no habrá transposición, pero sí adaptación: España tendrá que depurar la Ley de Competencia Desleal y el texto refundido de consumidores donde dupliquen o contradigan el nuevo texto, y fijar el régimen sancionador. La directiva de simplificación, en cambio, sí deberá transponerse. Habrá trabajo en auditorías de diseño y en la frontera con el RGPD, la DSA y la futura EU KIDS Act.
El riesgo se concentra en modelos que monetizan la compra impulsiva: videojuegos gratuitos con compras dentro de la app, venta de entradas con precios dinámicos y suscripciones que dependen de la inercia del cliente. La Comisión estima un coste recurrente para el conjunto de las empresas de entre 678 y 1.200 millones al año.
Gran reforma de técnica legislativa, con la lista negra de patrones oscuros como mejor arma, pero tímida justo donde más se esperaba: el diseño adictivo para adultos y la personalización de precios.
La cifra estrella, 13.700 millones de ahorro anual para los consumidores, sale de la evaluación de impacto de la propia Comisión e incluye tiempo perdido monetizado, así que es una estimación de parte difícil de contrastar. Lo que sí es claro es quién pierde: los negocios cuyo margen depende de que el cliente no se dé de baja o compre sin pensar, desde el free-to-play hasta la reventa de entradas. Que la publicidad y los precios personalizados solo se prohíban cuando haya menores o vulnerables, y no con carácter general, deja intacto el grueso del negocio publicitario de las plataformas. Las pymes soportan un coste de adaptación inicial proporcionalmente mayor; la Comisión lo compensa con la directiva de simplificación, pero esa compensación está por demostrar.
La base jurídica (art. 114 TFUE) es la misma que la de la Directiva de 2005, por lo que el salto a reglamento es sólido. El punto débil está en los conceptos abiertos: «consumidor vulnerable», «razonablemente probable que cause daño» o saber «con certeza razonable» que el usuario es menor, sin obligación de tratar más datos para averiguarlo, son fórmulas que acabarán en el TJUE. La convivencia con la DSA, el RGPD y la EU KIDS Act exige excepciones cruzadas (los arts. 12, 14, 15 y 17 ya remiten a ellas), lo que da argumentos a quienes hablan de solapamiento. Y el poder sancionador directo de la Comisión, con umbral de dos tercios de Estados y población, abrirá discusiones sobre qué autoridad es competente en cada caso.
Quien haya intentado darse de baja de un gimnasio online o de una plataforma de vídeo entenderá rápido el botón obligatorio de baja. Pero en lo que más preocupa a muchas familias, el diseño adictivo, la propuesta no prohíbe el scroll infinito ni el autoplay: obliga a ofrecer un interruptor que el usuario tiene que encontrar y pulsar. La pregunta incómoda es cuántos adultos lo harán si viene activado por defecto.
Valoración propia, separada de la información. No es asesoramiento jurídico ni de inversión.
Un patrón oscuro es un diseño de interfaz que aprovecha sesgos conocidos (urgencia, aversión a perder, pereza ante opciones por defecto) para que el usuario haga algo que no haría si decidiera con calma. El mecanismo es simple: cada fricción que se añade a una opción reduce cuántos la eligen, y cada atajo hacia otra la multiplica. Ejemplo ilustrativo, con cifras inventadas: si cancelar una suscripción de 10 euros al mes exige cinco pantallas y el 30% de quienes empiezan la baja se rinde a mitad, una base de 100.000 bajas mensuales retiene 30.000 clientes, unos 300.000 euros más al mes. Con la normativa actual, la autoridad debe probar que ese diseño distorsiona la decisión de un consumidor medio; con una lista negra, basta acreditar que la práctica se usó. Por eso la DFA combina una prohibición general (art. 10) con un catálogo cerrado de prácticas siempre desleales, ampliable por la Comisión.
Qué vigilarAsignación de la propuesta a comisión en el Parlamento Europeo y nombramiento de ponente, y primeras posiciones en el Consejo (sin fechas anunciadas por la Comisión). Si se aprueba, aplicación 12 meses después de su entrada en vigor. Tramitación paralela del nuevo Reglamento CPC, de la directiva de simplificación y de la EU KIDS Act, con la que la DFA se coordina. En España, adaptación de la Ley de Competencia Desleal y del régimen sancionador de consumo, y encaje con la Ley 10/2025 de servicios de atención a la clientela, que ya exige atención por una persona a determinadas empresas.
La ficha: todas las cifras
- Forma jurídica: propuesta de Reglamento COM(2026) 1100 final, procedimiento 2026/0356 (COD), con base en el artículo 114 TFUE; su artículo 38 deroga la Directiva 2005/29/CE y las remisiones a ella pasan a entenderse hechas al Reglamento (texto de la propuesta, Comisión Europea).
- Aplicación: entraría en vigor a los 20 días de su publicación en el DOUE y se aplicaría 12 meses después (art. 40); la Comisión evaluaría su funcionamiento a los 60 meses de su aplicación (art. 39) (texto de la propuesta).
- Prohibiciones clave: diseño de interfaces que engañe o manipule (art. 10, con una lista negra de patrones oscuros en la parte III del anexo I ampliable por actos delegados); publicidad basada en perfiles dirigida a menores o con datos sensibles (art. 12); precios personalizados que puedan perjudicar a menores o consumidores vulnerables (art. 13); cajas de botín de pago y mecanismos pay-to-win o pay-to-progress para menores (arts. 15 y 16) (texto de la propuesta).
- Diseño adictivo (art. 17): no se prohíbe, pero el usuario debe poder desactivar, una a una o todas a la vez, la reproducción automática, las notificaciones ajenas a su actividad, los incentivos a conectarse a diario y las funciones que simulan una relación personal, como los chatbots que insisten en seguir conversando (texto de la propuesta).
- Suscripciones: en contratos online de 6 meses o más con renovación automática, aviso entre 1 mes y 14 días antes (art. 21); si no llega, el consumidor puede darse de baja gratis en cualquier momento; además, botón de baja visible con la leyenda «rescindir el contrato aquí» o equivalente (art. 23) (texto de la propuesta).
- Sanciones: los Estados deben prever multas de al menos el 4% de la facturación anual en los Estados afectados (o al menos 2 millones de euros si no se conoce la facturación), y la Comisión podrá imponer hasta el 6% de la facturación mundial en los casos que investigue (art. 35) (texto de la propuesta; el 6% lo recogen también BEUC, CCIA y Silicon Republic).
- Aplicación reforzada: un nuevo Reglamento de cooperación en protección del consumidor, COM(2026) 1120, derogaría el Reglamento (UE) 2017/2394 y daría a la Comisión poder directo para investigar y sancionar casos que afecten al menos a dos tercios de los Estados miembros y de la población de la UE, siempre que la empresa no sea una pyme; las empresas de fuera de la UE tendrían que nombrar un representante legal en la Unión (Q&A y nota de prensa de la Comisión).
- Cifras de la Comisión (versión de parte): pérdidas para los consumidores de 10.300 millones de euros al año por estas prácticas; ahorro esperado de 13.700 millones anuales; coste recurrente para las empresas de 1.200 millones al año, o 678 millones descontando solapamientos (discurso y exposición de motivos).
Cómo lo hemos verificado
Confirmado en fuente primaria (texto de la propuesta, nota de prensa, Q&A y discurso de la Comisión): forma de reglamento, derogación de la Directiva 2005/29, contenido de los artículos citados, multas y calendario de aplicación; la presentación la recogen además Silicon Republic, EUobserver y Agence Europe, estos dos últimos a partir de un borrador filtrado días antes. Las cifras de ahorro y de pérdidas son estimaciones de la Comisión. BEUC, que agrupa a asociaciones de consumidores, apoya la propuesta y pide que no se rebaje en la tramitación; CCIA Europe, patronal tecnológica, la ve como un solapamiento con la DSA, el RGPD y la EU KIDS Act y critica la vaguedad de «consumidor vulnerable»; la red de derechos digitales EDRi, según EUobserver, cree que se queda corta frente al diseño adictivo.
Fuentes
- Comisión Europea: propuesta de Reglamento Digital Fairness Act, COM(2026) 1100 (PDF)
- Comisión Europea: nota de prensa IP/26/2407
- Comisión Europea: preguntas y respuestas sobre el paquete de consumo (QANDA/26/2408)
- Comisión Europea: intervención de Virkkunen y McGrath (SPEECH/26/2412)
- Comisión Europea: página de la Digital Fairness Act
- Silicon Republic: EU floats most significant consumer law upgrade
- EUobserver: Digital Fairness Act, EU cracks down on influencer ads and manipulative app design
- Agence Europe: With Digital Fairness Act, Commission targets dark patterns and replaces UCPD
- BEUC: EU's plan to tackle manipulative digital practices will benefit consumers
- CCIA Europe: Digital Fairness Act overlaps with existing EU rules
- BOE: Ley 10/2025, de servicios de atención a la clientela