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Regulación

Castor: el Supremo obliga a Escal (ACS) a devolver 209,7 millones al sistema gasista y abre la puerta a revisar actos firmes

5 min de lectura · 5 fuentes · España

Redacción Ley y Capital. Texto elaborado con IA y publicado sin revisión humana previa, tras controles automáticos. Editor responsable: Guillermo García Parra. Cómo trabajamos

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación de Escal UGS, sociedad controlada por ACS, y confirma que debe reintegrar 209.721.751,27 euros, intereses incluidos, cobrados como retribución financiera del almacén de gas Castor. La clave jurídica es que la CNMC pudo revisar de oficio liquidaciones ya firmes de 2014, 2016 y 2017 porque se apoyaban en preceptos que el Tribunal Constitucional anuló en 2017.

Fachada Tribunal Supremo de Espana Madrid
Foto: Javier Perez Montes / Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0

Contexto

Castor era un almacén submarino de gas en el Mediterráneo, promovido por Escal UGS, filial de ACS. Tras los seísmos asociados a la inyección de gas se suspendió su actividad y la concesionaria renunció a la concesión. El Gobierno aprobó entonces el Real Decreto-ley 13/2014, que hibernó la instalación, extinguió la concesión y reconoció a Escal 1.350.729.000 euros. Ese dinero lo adelantaron Santander, CaixaBank y Bankia mediante un préstamo a 30 años a través de Enagás, y la idea era recuperarlo con cargo a la factura del gas. En diciembre de 2017 el Tribunal Constitucional anuló los preceptos que regulaban esa compensación y su imputación al sistema gasista. A partir de ahí se abrieron varios frentes: el Supremo reconoció en 2020 a los bancos el derecho a cobrar del Estado los 1.350 millones, y la CNMC revisó en 2019 las liquidaciones con las que Escal había cobrado retribución financiera. La Audiencia Nacional avaló a la CNMC en 2023 y ahora el Supremo cierra esa vía.

Por qué importaLa regla general es que un acto administrativo que nadie recurre a tiempo queda firme y ya no se discute: eso da seguridad a quien cobra. La excepción es la revisión de oficio de actos nulos de pleno derecho, que la Administración puede iniciar en cualquier momento. El Supremo admite que la CNMC usara esa vía porque las liquidaciones se dictaron al amparo de preceptos que el Constitucional expulsó del ordenamiento; al caer la norma, la cantidad calculada con ella se queda sin cobertura legal. Pero matiza que la nulidad no es automática: hay que ponderarla con la buena fe, la equidad, los derechos del particular y el tiempo transcurrido, que son los límites del art. 110 de la Ley 39/2015. El resultado práctico es que la declaración de inconstitucionalidad de una norma puede alcanzar a pagos ya liquidados y firmes, no solo a los pleitos pendientes, aunque caso por caso. Para el sistema gasista supone recuperar dinero que salió de él; para cualquier empresa que cobre de un sistema regulado, un aviso de que la firmeza no blinda del todo.

Qué significa para…

Empresas

Las retribuciones reguladas cobradas al amparo de una norma luego declarada inconstitucional no están del todo a salvo aunque las liquidaciones sean firmes: la Administración puede revisarlas de oficio. Conviene provisionar ese riesgo cuando la norma de cobertura está recurrida ante el Constitucional.

Juristas

La sentencia fija criterio sobre la relación entre la nulidad de una norma con rango de ley y los actos firmes dictados a su amparo: la nulidad del acto no es automática y exige ponderar los límites del art. 110 de la Ley 39/2015. Será la referencia para otros litigios de liquidaciones del sistema gasista y eléctrico.

Consumidores

El dinero vuelve al sistema de liquidaciones del gas, que se financia con peajes y cargos que pagan los consumidores. Las fuentes consultadas no detallan si ni cuándo se trasladará a la factura, así que no cabe esperar una devolución directa.

Inversores

Para ACS el impacto es acotado frente a su tamaño, pero confirma una salida de caja de unos 210 millones si no estaba ya provisionada. Lo relevante es el precedente para activos regulados con retribución fijada por decreto-ley.

Análisis crítico

El Supremo recupera una parte de Castor y deja claro que la firmeza no protege un cobro sin base legal, pero lo grueso de la factura sigue sin volver.

Mirada financiera

Castor es el ejemplo de manual de cómo se socializa un riesgo privado: el promotor cobró una compensación casi inmediata, los bancos la financiaron con garantía de la factura del gas y, cuando el Constitucional tumbó el mecanismo, el Supremo acabó reconociendo a los bancos el cobro frente al Estado. Recuperar 209,7 millones es relevante, pero es en torno a un 15% de los 1.350 millones reconocidos en 2014, y esta sentencia no toca la parte principal de la compensación. El relato de que el contribuyente o el consumidor recupera Castor es, por tanto, parcial. Quien gana es el sistema gasista; quien pierde, Escal, que tiene que devolver dinero cobrado hace casi una década.

Mirada jurídica

La solución es razonable y bien equilibrada: el Supremo no dice que todo acto firme dictado con una norma inconstitucional caiga solo, sino que puede revisarse de oficio con los límites del art. 110 de la Ley 39/2015. Choca, eso sí, con la lógica del art. 40.1 LOTC, que protege los procesos cerrados por sentencia firme, y abre una asimetría: la cosa juzgada judicial resiste, pero el acto administrativo firme no tanto. Que el Constitucional no modulara expresamente los efectos de la STC 152/2017 dejó ese hueco que han tenido que cerrar la CNMC y los tribunales durante siete años. El criterio de ponderación caso por caso da flexibilidad, pero también litigiosidad: cada revisión de oficio de este tipo acabará en los tribunales.

Mirada ciudadana

El consumidor de gas no va a ver 209 millones en su factura mañana; el dinero vuelve a la caja común del sistema. La pregunta incómoda es por qué se tardó de 2014 a 2026 en recuperar una parte y por qué el diseño original permitió pagar tan rápido una compensación tan cuestionada. Y otra: si la firmeza de un pago puede deshacerse años después, ¿qué seguridad tiene quien cobra de buena fe del Estado?

Valoración propia, separada de la información. No es asesoramiento jurídico ni de inversión.

AprendeRevisión de oficio de actos nulos

Cuando un acto administrativo no se recurre en plazo (un mes en alzada o reposición, dos meses en vía contenciosa), queda firme y en principio intocable. La excepción es la revisión de oficio del art. 106 de la Ley 39/2015: si el acto es nulo de pleno derecho, la Administración puede declararlo nulo en cualquier momento, previo dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente. El freno es el art. 110: no cabe si, por el tiempo transcurrido u otras circunstancias, resulta contrario a la equidad, la buena fe o los derechos de los particulares. Ejemplo inventado: una empresa cobra 10 millones al año durante 3 años según una fórmula fijada por decreto-ley; en el año 5 el Constitucional anula la fórmula. Aunque las tres liquidaciones sean firmes, la Administración puede revisarlas y reclamar, por ejemplo, 6 millones si la parte sin cobertura legal era el 20% de cada pago (2 millones x 3 años), más intereses. Es lo que ha avalado el Supremo en Castor.

Qué vigilarPublicación del texto íntegro de la STS 1040/2026 en CENDOJ; posible recurso de amparo de Escal ante el Tribunal Constitucional (plazo de 30 días hábiles desde la notificación); cómo y cuándo aplica la CNMC el reintegro en las liquidaciones del sistema gasista; otros litigios abiertos sobre liquidaciones del gas ante el Supremo.

La ficha: todas las cifras
  • 209.721.751,27 euros, intereses incluidos: importe que Escal UGS debe reintegrar al sistema de liquidaciones del gas.
  • STS 1040/2026, de 22 de septiembre (Sala de lo Contencioso-Administrativo): desestima la casación de Escal UGS y confirma la sentencia de la Audiencia Nacional de 2023, sin imponer costas.
  • Liquidaciones revisadas: las definitivas de los ejercicios 2014, 2016 y 2017.
  • Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre: reconoció a Escal UGS un valor neto de inversión de 1.350.729.000 euros por Castor.
  • STC 152/2017, de 21 de diciembre: declaró inconstitucionales y nulos los artículos 4 a 6, el artículo 2.2, la disposición adicional primera y la transitoria primera del RDL 13/2014, por falta de extraordinaria y urgente necesidad (art. 86 CE).
  • Julio de 2019: la CNMC declara, por revisión de oficio (art. 106 de la Ley 39/2015), la nulidad de parte de las cantidades liquidadas y acuerda su reintegro.
  • La nulidad afecta a la cuantificación de la retribución financiera, no a la existencia del derecho económico de Escal, según la sentencia.
Cómo lo hemos verificado

El fallo (desestimación de la casación de Escal y reintegro de 209.721.751,27 euros por las liquidaciones de 2014, 2016 y 2017) lo recogen de forma independiente Economist & Jurist, en un comentario firmado por el abogado Antonio Benítez Ostos, y Diari de Tarragona con información de la agencia ACN. El número (STS 1040/2026) y la fecha (22 de septiembre de 2026), así como el matiz de que la nulidad no es automática, constan solo en Economist & Jurist; no se ha localizado el texto en CENDOJ ni un comunicado del CGPJ. Ninguna fuente detalla si el reintegro se trasladará a los peajes de los consumidores, ni la posición de ACS tras la sentencia.

Fuentes

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