El abogado general del TJUE avisa: un chatbot que resume noticias puede infringir los derechos de los editores
Redacción Ley y Capital. Texto elaborado con IA y publicado sin revisión humana previa, tras controles automáticos. Editor responsable: Guillermo García Parra. Cómo trabajamos
El abogado general Maciej Szpunar propone al Tribunal de Justicia de la UE que las respuestas de un chatbot como Gemini, cuando recuperan en tiempo real artículos de prensa, puedan vulnerar el derecho de los editores en dos casos: si acceden al contenido saltándose barreras como un muro de pago o si reproducen la forma del artículo de manera reconocible, hasta el punto de que el lector ya no necesite ir al original. Sobre el entrenamiento de los modelos, propone no pronunciarse. Son conclusiones, no una sentencia: el Tribunal decidirá más adelante.

Contexto
La Directiva de 2019 creó un derecho afín para los editores de prensa pensando en los agregadores de noticias y buscadores, no en la IA: la idea era que pudieran negociar con quien explota sus contenidos en línea y recuperar la inversión que exige hacer periodismo. España lo incorporó con el Real Decreto-ley 24/2021, que añadió el artículo 129 bis a la Ley de Propiedad Intelectual, y fue entonces cuando Google News volvió al país tras haber cerrado en 2014 por el anterior canon a los agregadores. Los chatbots con búsqueda web en tiempo real (la técnica que el Tribunal llama RAG o grounding) han reabierto el conflicto: ya no enlazan la noticia, la resumen. El caso húngaro parte de un ejemplo modesto, un artículo de julio de 2023 sobre el proyecto del cantante húngaro Kozsó de crear un acuario de delfines en el lago Balaton, que Gemini resumió a petición de un usuario. Google sostuvo en la vista de marzo que su modelo predice palabras y no copia artículos almacenados.
Por qué importaLo relevante es dónde pone la raya Szpunar. El derecho del editor no protege la noticia, protege la manera de contarla: la estructura, la selección y la redacción. Por eso un chatbot puede contar los mismos hechos sin pagar nada, aunque quite clics al medio; eso, para el abogado general, es competencia normal. Lo que no puede hacer es entregar un sustituto del artículo, aunque lo parafrasee, porque reescribir no basta para escapar si la expresión original sigue siendo reconocible. El mecanismo económico explica el criterio: el editor vive de que el lector visite su web (publicidad o suscripción); si la respuesta del chatbot le ahorra la visita reproduciendo el artículo, se apropia del valor de la inversión, que es justo lo que la Directiva quiso proteger. El segundo elemento, el acceso ilícito, convierte los muros de pago y los bloqueos contra robots en algo más que una barrera técnica: saltárselos pasa a ser un indicio de infracción. Y el tercero, la responsabilidad cuando la infracción es inherente al modelo de negocio, traslada la carga al proveedor: no le bastará decir que el modelo genera texto de forma autónoma si no demuestra que ha puesto filtros eficaces. La sentencia que dicte el TJUE será vinculante para todos los jueces de la UE, también los españoles, al interpretar el artículo 129 bis.
Qué significa para…
Los medios ganan un argumento para negociar licencias con los proveedores de IA, pero solo frente a respuestas que copien su forma de contar, no frente a resúmenes de hechos. Las empresas que integren chatbots con búsqueda web en sus productos deberían revisar si respetan los bloqueos de rastreo y si filtran reproducciones literales o casi literales.
Propone un test practicable en dos pasos (acceso ilícito y reconocibilidad de la expresión) y un estándar de responsabilidad del proveedor parecido a la diligencia exigible a las plataformas. La prueba será el campo de batalla: habrá que demostrar qué recuperó el sistema y cuánto se parece la respuesta al original.
Si el Tribunal sigue al abogado general, el coste regulatorio para los grandes modelos se concentra en las respuestas en tiempo real y no en el entrenamiento, que queda en principio cubierto por la excepción de minería de datos. Para los grupos editoriales, el valor de sus archivos como activo licenciable depende de cómo se aplique el criterio de reconocibilidad.
Nada cambia de inmediato. A medio plazo, los asistentes podrían citar y enlazar más y resumir de forma menos literal, o pactar acuerdos con medios para mostrar sus contenidos.
Una raya jurídicamente limpia que protege la redacción del artículo, pero no el negocio de los medios que la escriben.
El criterio protege poco a los editores frente al verdadero problema económico, que es la pérdida de tráfico: un resumen de hechos bien hecho ya quita la visita, y Szpunar lo considera competencia legítima. Gana el modelo de negocio de los chatbots, que solo tendrá que evitar el calco y respetar los muros de pago. Los grandes medios, con muros y equipos jurídicos, salen mejor parados que los pequeños sin barreras técnicas, que son precisamente los que más dependen de la publicidad por visita. El propio profesor Nicola Lucchi (Pompeu Fabra), citado por Courthouse News, cree que la editora húngara difícilmente obtendrá mucho.
La propuesta es coherente con la doctrina de que los hechos no son apropiables y con la libertad de información del artículo 11 de la Carta, pero deja conceptos abiertos: «reconocible», «sistemáticamente» y «dispensar de acceder al original» exigirán peritajes caso por caso y litigiosidad. Declarar inadmisibles las preguntas sobre entrenamiento es técnicamente sólido, pues no hay prueba, pero aplaza la cuestión más relevante para la industria; la mención de pasada a que el entrenamiento está en principio amparado por la excepción de minería de datos no vincula y será discutida. Las conclusiones no obligan al Tribunal, que puede apartarse de ellas.
Para el lector, la pregunta incómoda es quién pagará el periodismo si cada vez más gente se informa con un resumen de la IA. El criterio de Szpunar responde a lo jurídico, no a eso. Si la respuesta solo prohíbe copiar el estilo, el resumen gratuito seguirá ahí y el medio que hizo el trabajo seguirá sin cobrar por él.
Valoración propia, separada de la información. No es asesoramiento jurídico ni de inversión.
Además de los derechos de autor del periodista, la UE da al editor un derecho propio sobre la publicación de prensa (artículo 15 de la Directiva 2019/790; en España, artículo 129 bis LPI). Existe porque hacer un periódico exige una inversión y sin él el editor no podía impedir que otros explotaran en línea su conjunto de artículos. Protege la publicación frente a su uso en línea por proveedores de servicios de la sociedad de la información, no frente a usos privados de particulares ni hipervínculos, y no cubre los hechos ni fragmentos muy breves. Dura solo dos años, contados desde el 1 de enero del año siguiente a la publicación: un artículo del 10 de marzo de 2026 empieza a contar el 1 de enero de 2027 y queda protegido hasta el 31 de diciembre de 2028. Ejemplo: si un chatbot entrega el 90% de la estructura y las frases de ese artículo reescritas levemente, podría infringirlo; si se limita a decir que el Gobierno aprobó tal norma, no.
Qué vigilarDeliberación de los jueces del TJUE y sentencia en una fecha aún no anunciada. Después, el Tribunal Regional de Budapest resolverá el pleito aplicando esa interpretación. Atentos a demandas similares de editores en otros Estados.
La ficha: todas las cifras
- Asunto C-250/25, Like Company contra Google Ireland. Conclusiones presentadas el 3 de noviembre de 2026 (comunicado de prensa del TJUE n.º 155/26). Es el primer asunto sobre IA generativa que llega al Tribunal de Justicia.
- Origen: cuestión prejudicial del Tribunal Regional de Budapest. Like Company, editora húngara de varios portales, demanda a Google por el uso de sus artículos en Bard (hoy Gemini) entre el 13 de junio de 2023 y el 31 de mayo de 2024.
- Norma en juego: artículo 15.1 de la Directiva (UE) 2019/790 (mercado único digital), que da a los editores de prensa un derecho exclusivo de reproducción y puesta a disposición para el uso en línea de sus publicaciones. En España está en el artículo 129 bis de la Ley de Propiedad Intelectual.
- Cuatro preguntas: dos sobre el entrenamiento de modelos y la excepción de minería de textos y datos (artículo 4 de la Directiva) y dos sobre las respuestas del chatbot. Szpunar propone declarar inadmisibles las de entrenamiento porque no consta que se usaran los artículos de Like Company para entrenar Gemini.
- Aun así, añade que entrenar un modelo con obras protegidas está, por regla general, permitido por la excepción de minería de textos y datos.
- Doble test para la reproducción: 1) si el chatbot accedió ilícitamente, por ejemplo eludiendo un muro de pago o medidas contra el rastreo; 2) si la respuesta se limita a contar hechos o reutiliza la forma de expresión del artículo de forma reconocible, hasta dispensar al usuario de leer el original.
- Puesta a disposición del público: habría infracción, como regla, cuando esa forma de expresión es reconocible de forma sistemática en las respuestas a consultas relacionadas.
- Responsabilidad del proveedor: responde si esos usos son inherentes a su modelo de negocio o si no adopta medidas creíbles y eficaces para evitarlos. Según Courthouse News, Szpunar considera que el ejemplo concreto de Like Company no parece cumplir sus condiciones, aunque lo deja en manos del juez húngaro.
Cómo lo hemos verificado
Confirmado en el comunicado oficial del TJUE n.º 155/26 (fecha, partes, preguntas, test propuesto y regla de responsabilidad) y coincidente con Courthouse News y Lawyerpress. Las valoraciones sobre posibles compensaciones a los editores son de parte (el despacho Navas & Cusí, que celebra las conclusiones) o de académicos (Lucchi, crítico), y se presentan como tales; la posición de Google procede de lo expuesto en la vista, según Courthouse News. No es una sentencia y el Tribunal puede apartarse.